La Reforma Laboral realizada durante la administración de Felipe Calderón es ahora un documento que tiene a los trabajadores en la indefensión, con salarios raquíticos y sin la esperanza de un retiro digno.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Entre los despachadores de gasolina de una estación ubicada entre Avenida Tezozomoc y Calzada San Isidro, en la Delegación Azcapotzalco, en la capital del país, empezó a expandirse hace semanas la versión de que la empresa que los contrató, Operadora Gasoil, venderá el establecimiento a la neolonesa Petro Seven y que, de un momento a otro, los despedirá a todos.
Operadora Gasoil declinó precisar esta intención, pero información obtenida por este medio indica que el plan de venta existe y que, como temen los empleados, incluye la liquidación de alrededor de 32 personas, algunas contratadas desde hace cinco años.
“Ya archivaron lo que tenía la empresa, su facturación; además ha venido mucha gente a administración, personas que nosotros consideramos ajenas”, dice José Antonio Molina, de 42 años y que informó trabajar para Gasoil desde 2013. “Eso es lo que me tiene nervioso: ¿qué va a suceder?”, agrega.
Como el resto de los despachadores en la gasolinera de Tezozomoc, Molina es integrante del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios Similares y Conexos del Distrito Federal (Stracc), en cuyas oficinas, dice, ubicadas en Calzada de Tlalpan, periódicamente realizan asambleas y talleres sobre derechos laborales y sindicalismo. Por eso no teme proporcionar su nombre y denunciar la incertidumbre en la que están viviendo, explica. Inestabilidad creada, asegura, por las facilidades generadas con la Reforma Laboral de 2012 para los despidos y las contrataciones temporales.
“Nos afecta muy directamente, porque así tan fácil todos podemos quedarnos sin trabajo”, dice en entrevista en la estación.
El conocimiento que Molina expresa tener sobre la organización sindical a la que pertenece, como el nombre de su secretario general y la ubicación, caracterizan lo que entre laboralistas se conoce como un sindicato “independiente”; es decir, ajeno al “corporativismo” de los sindicatos de protección afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y que son, éstos últimos, inmensa mayoría en México.
De acuerdo con Salvador Arellano, secretario general del Stracc, la organización de los despachadores de la estación Tezozomoc ha frenado hasta el momento el despido que podría contenderse en juicio y que, debido al contrato colectivo, resultaría favorable a los trabajadores.
Pero con la reforma de 2012, coincide, éstos perdieron ya el beneficio de ganar los salarios caídos por el periodo que tarden los juicios y que ahora, aunque duren años, repondrán sólo los ingresos de doce meses.
“Esto abarató el despido de los trabajadores; precarizó todo”, dice Arellano.
LA REFORMA QUE FALLÓ
La reducción en el pago de salarios caídos fue incorporada al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) el 30 de noviembre de 2012, en los últimos días de la administración del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa y cuando dicha legislación sufrió otros cientos de modificaciones y adiciones conocidas como “Reforma Laboral”.
De acuerdo con la explicación gubernamental, el objetivo de la transformación jurídica, la primera desde 1970, se basó, fundamentalmente, en el diagnóstico de que la aspiración a un “trabajo digno”, establecida en el Artículo 123 Constitucional, no se encontraba en la Ley Federal del Trabajo.
“Por lo tanto, se carecía de medidas objetivas para garantizar el respeto a la dignidad humana en todas las relaciones de trabajo”, dice un documento de presentación de la Reforma Laboral contenido en el sitio oficial reformas.gob.mx.
El concepto de “trabajo digno” fue, por tanto, incorporado al Artículo Dos de la LFT que, ahora, establece que la misión de la regulación es lograr el “equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales”.
Luego especifica que “digna” es aquella actividad que le genera al trabajador “seguridad social y salario remunerador”, así como respeto a su derecho a la no discriminación, entre otras características.
EL SALARIO DIGNO
Una investigación reciente de la Auditoría Superior de la Federación encontró, sin embargo, que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), ahora a cargo del ex procurador mexiquense Jesús Navarrete Prida, falló en su responsabilidad de generar políticas públicas que, efectivamente, dignificaran la vida laboral de la población ocupada en el país.
El primer dato citado por la ASF para tal conclusión es la “insuficiencia” de los ingresos percibidos por la mayoría de la población ocupada en México, ya que, en 2014, hasta un 67.3 de este segmento, o 33.2 millones de personas, sólo ganaron entre uno y tres salarios mínimos en 2014.
“Ingresos considerados como insuficientes para adquirir la ‘Canasta Básica de Consumo’, dado que para solventar los precios de esa canasta una persona debe tener ingresos equivalentes a 3.5 salarios mínimos”, dice la “Auditoría 1643”, contenida en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.
“Considerando el principio de suficiencia del salario mínimo establecido en el Artículo 123 Constitucional, para que un jefe de familia satisfaga las necesidades en el orden material, social y cultural, así como para la educación de cuatro personas, necesitaría percibir ingresos por 28,052.8 pesos mensuales (equivalente a 14 salarios mínimos), a fin de que adquiera la ‘Canasta Básica de Consumo”, agrega.
Otros datos de la investigación de la ASF indican también que ha habido un aumento en las jornadas laborales para casi un tercio de la población ocupada y que, pese a la flexibilización de las formas de contratación, la persistencia de la informalidad en el trabajo alcanza aún hasta a seis de cada 10 personas desarrollando actividades económicas.
“En los últimos diez años, un promedio de 13,041.1 miles de personas (28.3 por ciento de la población ocupada) trabajaron más de 48 horas a la semana para obtener más ingresos y satisfacer sus necesidades personales y familiares; un promedio de 29,330.9 miles de personas (el 63.7 por ciento de la población ocupada) no recibieron acceso a la seguridad social debido a que sus trabajos son informales”, dice el reporte.
“En conclusión, la baja remuneración de los empleos, el incremento en las jornadas laborales, el alto promedio de trabajadores sin acceso a la seguridad social, la escasa capacitación, así como la discriminación laboral, son elementos que limitan el avance hacia la obtención de un trabajo digno y socialmente útil para los mexicanos”, agrega.
Otra investigación presentada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en noviembre de 2015 agrega que, si bien la combinación de factores económicos e incluso de Reformas estructurales dificultan establecer los impactos de la Reforma laboral en cada variable, el resultado final es una marcada reducción en la tasa de crecimiento del empleo.
En este sentido, muestra que la generación de posiciones de trabajo antes de la reforma aumentó un 6.9 por ciento, mientras entre 2012 y 2015, este indicador fue 4.4 por ciento. “Es decir menor, durante la vigencia de la reforma”, dice el CEFP.
En número de posiciones ocupadas, la investigación encuentra que la primera proporción se refiere a tres millones de empleos más en el periodo previo a la reforma, y sólo dos en el periodo posterior a ésta.
La Dirección de Información de la STPS no respondió una solicitud de información sobre los datos mencionados.
EL FRACASO ANTE LA INFORMALIDAD
Otra de las principales modificaciones de la LFT en 2012 fue la adición de cinco artículos destinados a regularizar la subcontratación de personal, o outsourcing.
Esta regularización del outsourcing fue denominada también “flexibilización” de las relaciones laborales y, de acuerdo con la ASF, con ella se pretendía “generar las condiciones para que un mayor número de personas tuvieran acceso a empleos formales y con mayores ingresos, para que con ello se redujera el número de personas desocupadas y las que trabajan en el sector informal”.
Este objetivo, sin embargo, tampoco fue cumplido, dice la ASF, debido a que si bien hubo un aumento de trabajos formales, esta alza fue menor a la registrada entre la Población Económicamente Activa (PEA).
“El incremento en el número de empleos formales no fue suficiente para compensar el aumento de la PEA y con esto tener un efecto en la disminución de la informalidad laboral, que a 2014 registró una tasa de 57.9 por ciento, lo que significó que para ese año 28,583.8.5 miles de personas laboraban en el sector informal de la economía”, establece la auditoria a la Política Laboral.
Para el abogado laboralista Miguel Ángel Álvarez, las contrataciones por outsourcing, además, agudizaron la indefensión de los empleados formales. Esto, dice, debido a que si bien la ley trató de regularizar a las subcontratistas, éstas persisten en prácticas como cambios de razón social que dificultan los litigios.
“La principal razón por la que vienen los trabajadores son los despidos injustificados, pero una vez que se van investigando las razones del despido, uno se da cuenta que las empresas de outsourcing quieren obligarlos a firmar documentos que ellos no conocen ni el alcance”, dice Álvarez, abogado del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), que apoya a trabajadores de las empresas electrónicas en Guadalajara.
“Por ejemplo, cualquier empresa grande contrata outsourcing, pero después de un tiempo, como no quieren que los trabajadores generen antigüedad, lo que hacen es decirles que ‘se va a cerrar el proyecto’, y descansan al personal una semana, y luego lo vuelven a contratar; en realidad, el trabajo sigue existiendo, pero abusan de estos contratos para evitar que los trabajadores generen antigüedad”, explica.
Esta práctica fue también mencionada por un empleado contratado por outsourcing en esta ciudad y que, en entrevista, comentó no poder generar los beneficios de antigüedad debido a que le renuevan el contrato cada año. Otra desventaja, dijo, es que la empresa que lo subcontrata reporta al Seguro Social que le paga sólo un salario mínimo diario (70 pesos) y el resto (40 pesos) se los atribuye a compensaciones y otros conceptos. Pero esos 40 pesos menos, dice, repercuten en el cálculo de todos sus beneficios sociales, como vacaciones o jubilación.
“No tiene uno estabilidad y se jubila con lo mínimo”, dice el empleado, que pidió no proporcionar su nombre por temer a represalias.
En este régimen de subcontratación, de acuerdo con la investigación de la ASF, se encontraban 2.8 millones de personas hasta 2014, casi un 43 por ciento más que en 2008.
“No obstante, la STPS carece de información para determinar si abarcan parcialmente las actividades que desarrolla la empresa o si los patrones justificaron esas subcontrataciones como lo establece la reforma a la LFT”, agrega el documento completo de la Evaluación a la Política Laboral hecha por la ASF.
SIN LIBERTAD SINDICAL
De acuerdo con Salvador Arellano, todos los trabajadores del país están siendo afectados de una u otra forma por la Reforma Laboral. Tan sólo en la Ciudad de México, estima, hay alrededor de 12 mil empleados como despachadores de gasolina que, prevé, se verán además impactados por la transformación del mercado de hidrocarburos y la venta de estaciones previsto además por la Reforma Energética.
De este personal, dice, un 20 o 25 por ciento está contratado bajo el régimen de outsourcing y, lo peor, dice, es que más de un 90 por ciento carece de representación sindical genuina o de representación en lo absoluto.
Y esta falta de representatividad de la población trabajadora, explica, promovida por la tolerancia de sindicatos “de protección” que existen nominalmente pero que son desconocidos para los afiliados, está en el fondo de la precariedad de la vida laboral en México.
“Es el problema que existe, que no hay una verdadera participación de la gente en la negociación de sus condiciones de trabajo y en cómo pueden ser las empresas más productivas”, dice. “Y entonces existe el dicho de que ‘la empresa hace como que paga y el trabajador como que trabaja”, agrega.
Molina, por su parte, dice que si bien ha pasado semanas “frustrado” por la posibilidad de perder la única fuente de ingresos de su familia –su salario de mil 200 pesos a la quincena y casi tres mil en propinas– al menos espera que el contrato colectivo los proteja contra los despidos si se concreta la venta de la estación gasolinera.
Protección, dice sentir, que le permite también difundir su inestabilidad laboral para que el resto de los trabajadores “se den cuenta de las injusticias”.
